Golpe de Estado 1924

El 13 de mayo de 1924, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que declaraba que la gratuidad del cargo de parlamentario no obstaba a conceder a los senadores y diputados, mediante ley, asignaciones a título de gastos de representación (dieta parlamentaria). En la sesión de 3 de septiembre del mismo año, el Senado de Chile aprobó en general, en segundo trámite legislativo, dicho proyecto de ley.

A la sesión del día siguiente, un grupo de jóvenes oficiales del ejército concurrió a las galerías del Senado con el fin de expresar su oposición a la aprobación de la dieta parlamentaria y la postergación de la tramitación de las leyes sociales. Dichos oficiales fueron conminados por el Ministro de Guerra a abandonar el recinto. Al hacerlo, hicieron golpear su sables contra la pared como señal de desafío y de respaldo a la agenda social del Presidente Arturo Alessandri Palma.

Comité Militar

El 5 de septiembre de 1925 un grupo de oficiales constituyeron el llamado Comité Militar. Los uniformados concurrieron a La Moneda a expresar su malestar a Alessandri, presentándole una serie de peticiones en relación al despacho de los proyectos de ley que permanecían pendientes, ante lo cual el Presidente se comprometió a buscar solución con la condicionante de que ellos volvieran a sus cuarteles. Aun así los militares chilenos preparaban un golpe a realizare el día 11 de septiembre.

Ante dicha presión, el Congreso Nacional aprobó en las sesiones del 8 al 9 de septiembre las iniciativas de corte social: jornada laboral de ocho horas, supresión del trabajo infantil, reglamentación del contrato colectivo, la ley de accidentes del trabajo y seguro obrero, legalización de los sindicatos, la ley de cooperativas y la creación de los tribunales de conciliación y arbitraje laboral; todas pospuestas anteriormente por ambas cámaras legislativas.

Sin embargo, el comité militar prefirió seguir funcionando, y le pidió a Alessandri que disolviera el Congreso. Tras este hecho, Alessandri, sumergido en una situación que ya no podía manejar, vio su poder en jaque y prefirió renunciar y autoexiliarse a Europa el 9 de septiembre. El Congreso, sin pronunciarse sobre la renuncia, se limitó concederle una autorización para ausentarse del país por seis meses, lo que hizo efectivo al día siguiente.